lunes, 2 de julio de 2007

Visión de genero. Acuerdo aprobado por el Congreso de Chihuahua

H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.

La Comisión de Ecología y Medio Ambiente, con fundamento en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, somete a consideración de este Alto Cuerpo Colegiado el presente dictamen, elaborado con base en los siguientes

A N T E C E D E N T E S

A esta Comisión le fue turnada para su estudio y dictamen, Iniciativa con carácter de Acuerdo presentada por la Diputada de la Sexagésima Primera Legislatura, Victoria Esperanza Chávira Rodríguez, mediante la cual pretende que esta Soberanía exhorte respetuosamente al Ejecutivo Federal para que mediante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, especialmente la Comisión Nacional del Agua, impulsen el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el cuarto foro mundial de agua, propuestos por la red de genero y medio ambiente, sustentando sus pretensiones con los siguientes argumentos:

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972, con motivo de la apertura de la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano, que se celebra el 5 de junio de cada año, para estimular la concientización sobre el medio ambiente a nivel mundial, además de promover la atención y acción política.

Reconociendo, que uno de los graves problemas del medio ambiente es el derecho al agua, mismo que fue motivo de una Conferencia Internacional celebrada en el 2006 en nuestro país, en donde se dieron a conocer los principales desafíos para este derecho.

Reconociendo que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de las Naciones unidas en su Observación General No. 15 señala que las personas deben tener un abasto de agua, suficiente seguro y aceptable para uso personal, doméstico y productivo, así como acceso económico y físicamente viable a ese recurso; sabemos que no todas las personas tienen acceso al agua, las desigualdades de género dificultan que las mujeres ejerzan plenamente este derecho.

El Gobierno de México se ha comprometido con el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, el desarrollo sustentable, la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres mediante la firma de diversos convenios, especialmente en la plataforma de Acción de Beijing, la Declaración de Johannesburgo y los Objetivos del Milenio establecidos por las Naciones Unidas.

En 1995, con motivo de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Beijing, el Espacio de Mujer y Medio Ambiente ha organizado talleres regionales, estables y nacionales con más de 300 mujeres urbanas, campesinas e indígenas, agrupadas en 80 organizaciones sociales de 18 estados de la República Mexicana, conformando así la Red Nacional de Genero y Medio Ambiente, cuyo objetivo es promover la equidad en género en los proyectos de desarrollo sustentable y políticas públicas, realizando diversas acciones para conformar la agenda Azul de las Mujeres.

Actualmente se sabe que aproximadamente 12 millones de personas carecen de agua potable y 23 millones no cuentan con alcantarillado, según la Secretaría de Desarrollo Social en 69 de 121 grandes ciudades la disponibilidad del agua es muy baja, dicha carencia tiene mayores repercusiones en la economía de los hogares pobres o vulnerables. Según los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los hogares, los hogares a cargo de mujeres gastan hasta el 14.17% de sus ingresos en agua, mientras que en los hogares encabezados por hombres esta erogación no supera 12.31% las desigualdades en la distribución se relaciona con la capacidad de gestión y con la situación económica de la población.

En 2004 los servicios de salud del país atendieron a casi 4 millones de personas que sufrieron infecciones gastrointestinales asociadas al consumo del agua, la inadecuada calidad del agua para el consumo humano y doméstico tiene repercusiones específicas para las mujeres. Son ellas quienes generalmente se hacen cargo de la provisión y desafección del líquido o quienes cuidan a los miembros de la familia que enferman por la ingestión de agua de mala calidad.

De acuerdo a los resultados incluidos en la Agenda Azul de las mujeres, el acceso al agua para consumo domestico es el problema principal y la demanda principal de las mujeres tanto del campo como de la ciudad.

En las comunidades rurales muchas mujeres, niños y niñas dedican numerosas horas a acarrear agua para consumo doméstico. Por su parte, las mujeres de zonas urbanas marginales señalan que reciben el servicio en forma irregular, por lo cual se ven obligadas a comprar agua en pipas, lo que encarece el servicio y merma su tiempo, sus ingresos y los de la familia.

A esto se suma el acceso mediante infraestructura precaria o en mal estado, la deficiente calidad del agua y la proliferación de enfermedades por consumo de agua de mala calidad.

Por lo que respecta a nuestro estado, el 3 de Septiembre del 2005, fui invitada al Foro de la Agenda Azul de las Mujeres en Chihuahua, con los ejes temáticos establecidos en el IV Foro Mundial sobre el Agua: Agua para el Desarrollo, instrumentación de la gestión integrada por los recursos hídricos; Agua y Saneamiento para todos; Seguridad Hídrica e Incidencia de Género en Políticas Públicas Ambientales, Experiencia Mesoamericana.

En dicho foro participaron mujeres originarias de Chihuahua, Madera, Ojinaga, Guachochi, mujeres de zonas semi-urbanas, urbanas, zonas rurales de comunidades de Santa María de Cuevas, Coyame, Chopeque Carichic, y mujeres indígenas tarahumaras y tepehuanas de diferentes edades.

Las principales conclusiones a las que se llegaron son las siguientes:

a) Existe un gran desconocimiento e interés por el tema, mujeres y su acceso al agua.
b) El problema de escasez, contaminación y déficit acceso al recurso, es una constante de las zonas Rurales, no solo del desierto chihuahuense sino de la propia región forestal, donde se evidencia la clara alusión a un pasado cercano en donde existía el recurso existía con abundancia; si bien la escasez de agua con las bajas precipitaciones pluviales, también lo es por la depredación de los recursos naturales, principalmente la tala de árboles en sus comunidades.
c) Las mujeres urbanas exponen como problema la falta de una reglamentación jurídica y aplicación estricta de la ley para el uso del agua, insisten en la poca o nula conciencia ambiental y de aprovechamiento racional del agua por parte de los habitantes, en la falta de zonas verdes o parques naturales que aunado a la falta de drenaje pluvial en las ciudades, inhiben la filtración y recarga de mantos acuíferos; en la injusta racionalización del líquido entre los distintos sectores de la sociedad, en la contaminación ambiental; en los problemas de salud de los habitantes que no siempre pueden tener la seguridad de que el agua llega a sus hogares es potable.
d) Denuncian la corrupción en la aplicación y ejercicio de la reglamentación en sus comunidades, además la falta de voluntad política para dar soluciones a estos problemas.
e) Los factores que conllevan a la escasez del agua y los problemas que se derivan de la escasez, pero si bien mencionan las vicisitudes que tienen que pasar para acceder al producto.
f) Es urgente impulsar el empoderamiento de las mujeres para la toma de decisiones para el cuidado, uso y distribución del agua.

En materia de propuestas, me permito señalar los aspectos relevantes de la Agenda Azul de las Mujeres, se conforman en los siguientes temas:

I. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
a) Dar prioridad a la inversión pública en infraestructura para atender regiones donde la población carece de agua potable para el consumo humano y domestico, sobre 2do en comunidades donde mujeres y niñas destinan varias horas al día a proveer de agua a sus hogares.
b) Incorporar el mismo número de hombres y mujeres en los Comités locales de agua potable, para favorecer mecanismos mas equilibrados en la toma de decisiones y el acceso a los recursos.
c) Incluir en el concepto de “cobertura de agua potable” los criterios de calidad, cantidad, regularidad y accesibilidad de conformidad a los establecidos en la Observación General No. 15 del Comité de naciones Unidas.
d) Promover el uso de tecnología ambiéntales para la construcción y el mantenimiento de infraestructura para favorecer la sustentabilidad en el uso de agua, adoptando practicas comunitarias y de las poblaciones indígenas que favorezcan el reciclamiento, el ahorro, la captación, el almacenamiento y la conservación del agua.

II. AGUA PARA LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS.

a) Que las autoridades agrarias establezcan mecanismos para que las asambleas ejidales o autoridades comunitarias certifiquen cuando las mujeres han quedado a cargo de la parcela en los casos de migración o ausencia del titular.
b) Replantear los programas gubernamentales de apoyo a proyectos productivos de mujeres en zonas rurales, de tal manera que las usuarias tengan acceso a tecnologías e infraestructura de riego y de captación, así como concesiones de los cuerpos de agua para la producción agrícola, pecuaria y pesquera.

III. AGUA, GÉNERO Y MEDIO AMBIENTE

a) La creación de una procuraduría de Protección del Agua sea una instancia autónoma, ciudadana, con recursos financieros y humanos suficientes y bajo supervisión social, cuyo objetivo sería promover y vigilar el cumplimiento las leyes y en su caso, para sancionar, además coadyuvar en el cumplimiento de los convenios internacionales en la materia.

IV. PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN TODOS LOS ÁMBITOS DE DECISIÓN.

a) Incluir las mujeres en el diseño de políticas sobre recursos hídricos en todas las instancias de planeación, ejecución y evaluación desde las comunitarias hasta los planes de desarrollo nacional, estatal y municipal, incluidas las políticas sectoriales y la asignación presupuestal.
b) Aplicar acciones positivas (cuotas, criterios de contratación, promoción y ascenso laboral, etc.) para que las mujeres tengan una mayor participación en las estructuras administrativas, legislativas y en los órganos de representación sectorial y ciudadana como los concejos de cuenca y los distritos de riego.
c) Revisar la intervención femenina en los organismos operadores del agua y en los comités comunitarios del agua durante la realización de las obras.

V. ADOPCIÓN DE UNA POLÍTICA DE GÉNERO EN LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

a) Gestionen las medidas que garanticen una gestión integral con perspectiva de género, para ello se proponen las siguientes acciones:

La firma de una declaratoria de compromiso político por parte del director general de la Comisión Nacional del Agua, de tal manera que quede de manifiesto la voluntad institucional de promover la equidad de género en todos los programas y acciones de esta institución y de las demás dependencias relacionadas con el acceso, la distribución y el uso del agua.
· crear una gerencia de género responsable de diseñar, promover y vigilar la aplicación de medidas que favorezcan la equidad de género en todas las gerencias centrales, regionales y locales de la CONAGUA.
Formular un plan de acción y asignar presupuesto a una política de recursos hídricos con perspectiva de género que incluirá, la recopilación y sistematización de datos desagregados por sexo y elaborar indicadores de seguimiento de metas y objetivos; diseñar estrategias de empoderamiento de las mujeres y para el suministro equitativo los servicios de agua potable.

Una vez que se ha llevado a cabo el análisis de la iniciativa, la comisión formula las siguientes

C O N S I D E R A C I O N E S

Si bien la historia de la humanidad está estrechamente vinculada a su relación con la naturaleza, sólo muy recientemente se ha cobrado conciencia del impacto de las actividades humanas sobre los recursos naturales y se ha modificado la idea de que son inagotables. Hoy se habla sobre el creciente deterioro ambiental, la destrucción de los recursos, la pérdida de la biodiversidad y, en particular, la crisis del agua y la necesidad de un cambio de actitudes en las personas y de los roles que juegan con respecto al manejo del agua.

Es innegable que existe un problema de disponibilidad de agua; basta el dato que indica que sólo el 1% del agua del planeta es agua dulce accesible para los seres humanos, y de ésta alrededor del 40% se encuentra en algún grado de contaminación por la forma en que se administra y maneja. El problema de contaminación del agua se refleja en el hecho de que la mitad de las camas de hospitales del mundo estén ocupadas por pacientes con enfermedades relacionadas con el consumo de agua de mala calidad.

Lo que hoy se perfila como un problema acuciante que amerita acciones urgentes por parte de los gobiernos, del sector privado y de las organizaciones políticas y sociales, es desde hace muchas décadas una carencia cotidiana en la vida de millones de personas. Una gran cantidad de mujeres y hombres nacen, crecen, sobreviven y mueren sin haber contado nunca con el agua en cantidad suficiente y de buena calidad para sus necesidades. Actualmente, en pleno siglo XXI, una de cada cinco personas en el mundo no tiene acceso al agua potable y ello provoca que 6,000 niños y niñas mueran diariamente por enfermedades asociadas a la falta de agua potable, inadecuada salubridad e higiene muy pobre. Es necesario preguntarse por qué un problema que afecta a una vasta proporción de la población desde hace muchos años, se ha convertido en un tema de preocupación y debate desde hace un tiempo relativamente corto. Esto se debe a que el agua es un recurso cada vez más escaso que plantea escenarios de conflicto crecientes por su disponibilidad y control.

La cuestión clave de la crisis del agua reside tanto en la equidad en el acceso como en la conservación de sus sistemas. No obstante los avances tecnológicos en los campos de la ingeniería hidráulica o la biotecnología aplicada, no se ha logrado revertir el deterioro de los ecosistemas acuáticos y tampoco se ha conseguido dotar a la población del mínimo necesario para sostener condiciones de vida dignas. Las desigualdades sociales y los procesos de contaminación siguen constituyendo un factor determinante de la vulnerabilidad e incertidumbre que enfrentan los grupos sociales en su articulación con el agua.

México no se encuentra en una posición privilegiada en cuanto a la disposición y manejo de sus recursos hídricos. De hecho los procesos de gestión del agua en nuestro país sugieren que sus desafíos en la búsqueda por lograr procesos de desarrollo sustentable estarán crecientemente relacionados con el uso y manejo de este recurso.

En la problemática del agua que enfrenta el México de comienzos del siglo XXI confluyen una serie de ámbitos, que van desde los naturales o tecnológicos, hasta los sociales, culturales, económicos y políticos. Se está viviendo en México -y en el mundo- una crisis de los recursos hídricos, asociada a un modelo de gestión que ya acusa repercusiones en el acceso al recurso, su disponibilidad y su calidad. El debate en torno a las respuestas para hacer frente a estos problemas se centra en la privatización de los servicios de agua, los esquemas de financiamiento de las obras y servicios hidráulicos, las responsabilidades que corresponden a los Estados y a la sociedad, las repercusiones en las poblaciones y el derecho de las personas y las comunidades a este recurso natural.

El marco jurídico es otro factor de relevancia que tampoco ha estado exento de controversias. La Ley de Aguas Nacionales (LAN), aprobada en 1992 y reformada en 2004, ha seguido las tendencias internacionales de apertura a los mercados mediante el fortalecimiento de la concesión de derechos de uso y favoreciendo la intervención privada en la administración del agua. En 1996, 29 de las 32 entidades del país habían aprobado legislaciones que autorizaban la participación privada mediante contratos de servicios en general. Se permitieron concesiones a particulares por periodos variables que van desde los cinco a los cincuenta años. Además, se admite el intercambio de derechos entre sujetos privados, siempre y cuando estos le sean notificados al Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) creado en el contexto de la nueva Ley. En la discusión sobre la intervención privada en la gestión el agua y sus alcances, no sólo están implicados los aspectos jurídicos sino también los resultados económicos y sociales de su aplicación. Algunos balances cuestionan la eficiencia que acarrea la privatización y la falta de interés del capital privado por invertir en la red ya sea para su mantenimiento o para la introducción del servicio, sobre todo en las localidades pequeñas y en las zonas donde habita la población de bajos recursos. Según estos análisis, la intervención del capital privado no ha resuelto el problema del financiamiento para la obra hidráulica y tampoco garantiza un mejor servicio, y sí ha tenido como consecuencia el incremento en las tarifas en la mayoría de los casos. También se discute cómo la participación de las grandes empresas del agua dejan fuera de la competencia a la pequeña y mediana industria nacional y las condiciones preferenciales que les otorgan los acuerdos de libre comercio a las transnacionales. Algunas investigaciones han documentado otros esquemas de asociación entre empresas públicas o de éstas con cooperativas y organizaciones de gestión local que han sido exitosos tanto desde el punto de vista económico como en la calidad y eficiencia del servicio.

El debate en torno al marco jurídico se encuentra vinculado a la propuesta de elevar a rango constitucional, el derecho humano al agua, con lo que se pone en el centro de las políticas públicas el papel del Estado como garante de este derecho y los mecanismos para hacerlo justiciable.

Debido a la inequidad entre mujeres y hombres es necesaria la construcción de una agenda que coloque en el debate público la relación de las mujeres con el agua, sus necesidades, intereses y dificultades, así como sus propuestas para hacer efectivo el ejercicio de su derecho al agua en condiciones de equidad.

Desde la perspectiva de las políticas públicas el tema central es cómo priorizar áreas de acción para una mejor distribución del agua con miras a una mayor equidad entre mujeres y hombres; es claro que si se deja el acceso al agua a las fuerzas del mercado, las desigualdades se profundizarán. Desde la perspectiva de los derechos humanos, el agua es un derecho humano irrenunciable, lo que significa que el Estado debe asumir plenamente su rol de garante de los derechos así como su obligación de velar por su cumplimiento y por generar las condiciones para que la población, y en particular las mujeres, los puedan ejercer.

Es esencial la intervención estatal mediante el diseño e implementación de políticas y programas relacionados con el agua con perspectiva de género, es decir, que tome en cuenta los diferentes roles y responsabilidades, necesidades e intereses de mujeres y hombres tanto en el ámbito productivo, y reproductivo como en el de la gestión social y la participación ciudadana. La modificación de la visión sobre las mujeres sólo como beneficiarias o consumidoras del agua y no como administradoras y tomadoras de decisiones, es esencial para la formulación de políticas y programas con enfoque de equidad de género.

La década de los años 90 se caracterizó en México, como en muchos otros países del mundo, por un fuerte impulso para incorporar el enfoque de género en las políticas públicas y la creación de mecanismos institucionales responsables de promover y vigilar el cumplimiento de los acuerdos internacionales y nacionales al respecto.

El agua potable, además de ser un servicio básico esencial, es un indicador de la calidad de vida de las poblaciones. El acceso al agua potable a escala doméstica, aunado a prácticas de higiene relacionadas con el manejo del recurso hídrico.

Aunque es reconocida públicamente la creciente participación femenina en el sector agrícola, esto no se refleja en la información estadística ya que ésta aún adolece de sesgos de género. Mucha información todavía no se desagrega por sexo y la incorporación de variables de género a las estadísticas oficiales es incipiente. Algunos estudios se han centrado en el análisis de la incorporación de las mujeres al mercado laboral en zonas rurales y sus condiciones, en especial de las jornaleras agrícolas; otros abordan, el crecimiento de las jefaturas femeninas en hogares rurales y su correlación con la pobreza, algunos más enfatizan la correlación entre la migración masculina y la creciente responsabilidad de las mujeres en la producción agrícola y pesquera de subsistencia.
Si bien es cierto, que una de las principales políticas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales es salvaguardar los recursos naturales para que sean explotados de una manera racional y sustentable, también es cierto que la Secretaría debe de atender con políticas públicas el enfoque del género para dar cumplimiento a los acuerdos internacionales.

Cabe hacer mención que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, ha iniciado el Censo agropecuario 2007, mismo que va a permitir tener datos actualizados correspondientes a las condiciones del medio rural, para complementar con los datos recabados en el II Conteo de Población 2005, mismos que permitirán establecer políticas y programas específicos para la atención de problemas de rezago, así mismo determinará los diferentes indicadores desagregados por sectores, salubridad, agricultura, medio ambiente, sexo y edad entre otros.

Es por ello, que los integrantes de esta Comisión consideran conveniente emitir el acuerdo en base a los antecedentes formulados en la iniciativa.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 57 y 58 de la Constitución Local, someto a consideración ante esta elevada Asamblea, el siguiente
ACUERDO

PRIMERO: La Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua, solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal que mediante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, impulsen el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Cuarto Foro Mundial del Agua promovidos por la Red de Género y Medio Ambiente, plasmados en la Agenda Azul de las Mujeres.

SEGUNDO: La Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua, solicita respetuosamente al Ejecutivo Estatal, incluya en sus políticas públicas las propuestas elaboradas por la Red de Género y Medio Ambiente, especialmente las necesarias para formular un plan de recursos hídricos con perspectiva de género que incluya la recopilación y sistematización de datos desagregados por sexo y elaborar indicadores sobre usuarios(as), sectores, salubridad, agricultura y medio ambiente, con indicadores de seguimiento de metas y objetivos; diseñar estrategias de empoderamiento de las mujeres y para el suministro equitativo de los servicios de agua potable.

TERCERO: El presente documento se turna a la Comisión del Agua de este H. Congreso, como un insumo para que en el momento de que sea analizado el proyecto de Ley del Agua para el Estado, sean tomadas en cuenta y aquellas que sean viables se incorporen al proyecto de dictamen.

ECONOMICO.- Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría a efecto de que elabore la minuta correspondiente.

DADO en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo del Estado, a los días del mes de junio del 2007.

POR LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
DIP. ALBERTO AMALIO ESPINO GONZÁLEZ
PRESIDENTE


DIP. MANUEL ARTURO NARVÁEZ NARVÁEZ
SECRETARIO
DIP. JESUS ENRIQUE GÁMEZ TORRES
VOCAL

martes, 29 de mayo de 2007

Apuntes sobre el agua

Por: Jorge Morales
Abril 2007.

En una zona catalogada como semidesértica, disponer de agua suficiente constituye cada vez más un desafío. El modelo económico de crecimiento por el que nos conducen y la concentración del desarrollo urbano como una consecuencia casi obligada al concentrar los proyectos de manufactura en dos o tres regiones del Estado, exige una demanda cada vez mayor de agua, un recurso vital para esos desarrollos. Disponer de agua suficiente no es el único problema de los promotores locales del Desarrollo Económico, al que ahora le han agregado el término Sustentable, pero que en realidad dista mucho de serlo. Con la reactivación del Plan Puebla Panamá, nuestros cazadores de inversiones para mas proyectos de Maquila, tienen que vencer varias dificultades; con el rollo de la competitividad, los inversionistas extranjeros, buscan colocar sus capitales o inversiones donde les dejen mas dividendos, y desde luego donde se garanticen los recursos necesarios para la factibilidad de sus proyectos; esos recursos son la Energía y el Agua, y desde luego la mano de obra barata.

Los promotores de una Economía de Mercado nos han dicho que somos un País privilegiado, por nuestros recursos y por la posición geográfica, que somos como un “País bisagra” . Es obvio, que para la región Este de los Estados Unidos, el Centro y Sureste de nuestro País les ofrece muchas posibilidades; hay infraestructura, carreteras, electricidad, agua suficiente, mano de obra barata y por si no fuera suficiente, el Petróleo. Frente a la costa Este de los EU, la parte mas rica de nuestros vecinos del norte, esta Europa, con quienes comercian y distribuyen sus productos manufacturados en México, solo que tienen un inconveniente, el Mercado común Europeo, que hace tiempo dijeron: Europa para los europeos. Voltearon a ver hacía el Continente Asiático, y ven un Mercado con muchas posibilidades, pues nada mas de chinos representan 1200 millones de consumidores potenciales, las Leyes del Mercado no distinguen ideologías. Una manera fácil de acceder al Mercado de Asia y competir con los grupos financieros locales, sean japoneses, coreanos o chinos, es a través del Puerto de Topolobampo y por eso es necesario abrir carreteras y caminos a través de la Tarahumara, y así no hay que regresarse a San Diego o Los Angeles y San Francisco para competir por esos Mercados.

Viendo de esta manera la situación económica, no solamente somos un País bisagra, sino que nos pueden convertir en un País Sandwish, ya que también los grupos financieros asiáticos están interesados en el mercado Americano y Canadiense y por lo Pronto ya nos invadieron con productos Chinos. Nuestro Estado inmerso en esta dinámica económica, forma parte de esa Estrategia de Crecimiento, lo que determina las líneas de acción necesarias para fortalecer ese desarrollo; no solamente se requieren carreteras, también el Control del Agua, y dentro de una Economía de Libre Mercado, ésta adquiere un valor económico estratégico. Este es a mi juicio, el principal objetivo de la propuesta de Ley de Agua para el Estado, y el mecanismo de la privatización consiste primeramente en pasar la Administración del Agua a los Municipios y posteriormente vía concesión se propicia la privatización, y los primeros serán aquellos donde estén concentrados los Proyectos de Manufactura.

El Estado y quienes toman las decisiones de gobierno, tienen a mi juicio el deber y compromiso de servir a los gobernados, ser factor de equilibrio entre todos los sectores productivos, resolver los problemas y las necesidades de la población, para garantizar un sano crecimiento con un desarrollo sustentable, y es preocupante que las declaraciones de algunos articulistas que pertenecen o sirven a un grupo que se hace llamar 20-20, propicien o justifiquen la privatización del agua, y apoyados en argumentos técnicos o académicos, insistan en que hay que eliminar las actividades agrícolas porque éstas consumen mucho agua y contribuyen muy poco al producto interno bruto, coincidiendo esta afirmación con la que han hecho algunos señores empresarios.

La Ley, en el último borrador, dice que es facultad de los organismos operadores, disponer del agua y no dice que éstos organismos no pueden ser privados, así que lo que no está prohibido en la Ley está permitido, y desde este punto de vista me parece sumamente riesgoso que un organismo privado tenga el control del agua y sean ellos los que puedan decidir a quien le entregan el agua, una vez que se hayan puesto de acuerdo, y el punto de acuerdo no es otra cosa que el Precio. L propuesta de Ley también establece que las deudas de agua, estarán sujetas a recargos, sanciones y gastos de ejecución y que se podrán manejar como un crédito fiscal.

Hoy en día muchas son las familias que no tienen agua potable en sus hogares, y el Estado mientras tenga el control del agua, esta obligado a hacer gestión social para dotar de agua potable a quienes lo necesiten. Siendo un organismo privado el operador o administrador del sistema de agua potable, no tiene este compromiso, su función no es hacer gestión social, sino utilidades. La Ley como está escrita, conserva aún muchas ”lagunas jurídicas” y hay algunos términos que deben ser cambiados para no dar lugar a esas lagunas, el término “bien público” por ejemplo, debe ser cambiado por el concepto “bien común”, o patrimonio público universal o bien común universal, donde el término común implica derecho de todos y el término universal no admite la exclusión.

El agua patrimonio de todos.

Por: María Teresa Guerrero
Chihuahua, Chih. México. Marzo 12, 2007.

En 2004 el Congreso de la Unión hizo cambios sustantivos a la Ley de aguas nacionales, adaptando esa Ley federal al paradigma de la globalización que algunos consideran la panacea y la solución a los problemas de la pobreza y el deterioro ambiental; mientras que otros lo perciben como un paso más en la desregulación de recursos naturales estratégicos (agua, petróleo, bosques y selvas) para su control por grandes corporaciones nacionales y extranjeras, lo cual implica mayor dependencia con los Estados Unidos.

El año pasado el ejecutivo del estado presentó el proyecto de Ley de agua para el estado de Chihuahua, el cual ha sido criticado por numerosos ciudadanos, organizaciones sociales y expertos en el tema. Los puntos más polémicos del documento son: A) Le falta una visión ética y estratégica para tratar el recurso agua. B) La parcialidad en el tratamiento del recurso agua eliminando cualquier visión integral de su ciclo, -que abarque desde su captura y manejo, hasta su tratamiento y re-uso-. C) La figura de organismo operador del sistema de agua potable y saneamiento puede pasar a manos del sector privado a través de las concesiones para la administración y servicio de agua y alcantarillado. D) La exclusión de los usuarios de la toma de decisiones en los organismos que controlan la planeación y gestión del recurso.

La falta de una visión ética y estratégica, así como de su manejo integral –captación, conservación, y manejo del recurso hídrico incluyendo su distribución equitativa–, despoja al Proyecto de Ley de la fuerza moral y la legitimidad necesaria para ser el instrumento regulador del servicio y su administración. Como instrumento regulador, la Ley debe estar por encima de cualquier interés de grupo y al servicio de los diversos sectores que integran la sociedad.

Igual que el aire, el agua es un recurso natural con enormes cualidades y características que lo hacen un elemento excepcional y como tal es un patrimonio común lo que significa que no le pertenece a nadie en particular y es de todos en general. Además el agua es un recurso no renovable y reutilizable que tiene un proceso cíclico especifico: la lluvia que cae y se conserva en los ríos , lagos, lagunas, ojos de agua y manantiales; y mantos freáticos; su manejo, y su re-uso.

Del agua total disponible mundialmente solamente menos del 2% es apta para consumo humano. En la actualidad el recurso hídrico es cada vez más escaso y difícil de conseguir, si tomamos en cuenta que se ha ido dejando que los cuerpos de agua cercanos a las ciudades se sequen o contaminen. De igual manera, en las comunidades rurales los cuerpos de agua están bajo circunstancias similares de degradación y sobre-explotación. Cada día crece el riesgo de su desecación en regiones como la Sierra Tarahumara, donde la tala de árboles se sigue realizando sin el suficiente control para respetar las normas que prohíben la corta de árboles en las inmediaciones de los ojos de agua.

Si la escasez de agua es una amenaza, quienes más la padecen son sobre todo los más pobres, indígenas, mujeres de las zonas rurales y en las colonias periféricas de los centros urbanos. En estas circunstancias son las mujeres las que tienen que enfrentar la responsabilidad de asegurar el abastecimiento en sus hogares.

Son justamente las características del agua como un elemento vital para la vida y el ser humano; su creciente escasez; y su injusta distribución lo que hace que el agua se convierta en un bien cada día más codiciado por los grandes capitales, convirtiéndolo de esa manera en mercancía, es decir, en objeto de especulación y lucro asegurado a largo plazo.

En la actualidad quienes administran el servicio de agua potable y alcantarillado es la Junta Central de Aguas y Saneamiento (creada por el Decreto 166 el 22 de agosto de 1942). Hace un poco más de 20 años, se inició el proceso de descentralización del servicio y administración del servicio de agua y alcantarillado. El 5 de noviembre de 1980 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la transferencia de los sistemas de agua potable y alcantarillado a los estados y municipios, con la expectativa de que se pudiera abatir el rezago histórico en la distribución y acceso al vital líquido por parte de numerosos centros de población. Sin embargo, prácticamente la mencionada descentralización no fue asumida por los municipios, por lo que sigue hasta la fecha en manos de la de la Junta Central de Aguas y Saneamiento. Tampoco se ha superado el rezago histórico de agua potable para todos, ya que al iniciar el siglo XXI 11 millones de mexicanos aún carecen de agua potable según la información más actualizada.

La realidad es que para los municipios ha sido difícil asumir la administración del servicio de agua y alcantarillado debido, entre otras razones, a la falta de presupuesto, y la deficiente capacidad técnica del municipio que no permite cubrir esta expectativa. Si bien es cierto que el Art. 115 de la Constitución otorga facultades y autonomía al municipio, también es cierto, que los municipios no son cabalmente autosuficientes, autónomos y sustentables, sobre todo en un país que ha vivido por décadas bajo el imperio del centralismo. Estas debilidades abren la posibilidad de que el municipio otorgue concesiones al sector privado, lo que no es ninguna solución, sino mas bien la puerta fácil, para entregar al capital privado el manejo y la administración del servicio de agua potable y alcantarillado.

En estos tiempos los gobernantes y los empresarios son parte de la clase política los primeros facilitan a los segundos su acceso a los negocios que los primeros deberían proteger con patriotismo para el bien de la comunidad.

El caso más claro del contubernio entre funcionarios y empresarios es que a la “moderna” perspectiva neoliberal de otorgar a los ayuntamientos la competencia de concesionar a empresas privadas el servicio y administración del agua potable fue fomentada por la propia Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y las compañías trasnacionales dedicadas al manejo del agua. Ahora se replica el contubernio a nivel local donde la iniciativa del ejecutivo del Estado les abre el paso a los empresarios locales y extranjeros.

Así pues a la vieja política de descentralización, se incorporó la “moderna”de otorgar a los ayuntamientos el poder de concesionar el servicio y administración del agua potable y alcantarillado en aras a inyectar inversión privada en la gestión publica.

Entre las compañías mas conocidas en México y América del Sur están Aguas de Barcelona, Vivendi, y Suez. Sin embargo los empresarios locales a través de Luis Enrique Terrazas Seyffert, presidente de la COPARMEX (Diario de Chihuahua, el 21 de febrero 2007) se pronunció por que el Gobierno del Estado concesione al sector privado la administración del agua en esta entidad, opción que señaló deberá ser incluida en la iniciativa de Ley del Agua del Estado de Chihuahua. Esta declaración desmiente lo que el ex – diputado Jáuregui del PAN nos manifestó el tres de octubre del año pasado a un grupo de ciudadanos que nos entrevistamos con el para manifestarle nuestra preocupación por la citada iniciativa de Ley, en esa ocasión el ex-diputado fue muy contundente al afirmarnos que “los empresarios chihuahuenses no tienen interés en el sector agua”. ¿Por qué mienten los diputados?

La pinza se está cerrando y el andamio se ha levantado para abrir el camino hacia el control del agua a las empresas nacionales y extranjeras. Mientras esto sucede la población de las ciudades y el campo estamos excluidos del debate, y sumidos en la ausencia de información veraz sobre los motivos y consecuencias de esta propuesta legislativa.

Frente a estos hechos tan despreciables, El Grupo por la defensa del agua en Chihuahua decimos una y mil veces: No a la privatización del agua en el estado de Chihuahua, y en un operativo hormiga estamos recabando firmas en contra del proyecto de Ley. Los motivos que hemos expuesto al Gobernador del Estado y a los diputados del congreso local son:

• El agua es de todos (un bien común).
• El agua no tiene precio, lo que pagamos es el costo del servicio (distribución, saneamiento y drenaje) no el liquido.
• La Junta central de Agua y Saneamiento no opera con perdidas.
• Vivimos en el desierto donde la precipitación pluvial es escasa y el modelo de desarrollo vigente hace un uso muy poco sustentable del recurso hídrico.

Las consecuencias que pagaremos los ciudadanos y ciudadanas por esta privatización serán:
1. Aumento en las cuotas. (Casi de inmediato a su privatización las cuotas subieron un 46% en el estado de Coahuila.)
2. Disminución en la calidad del agua.
3. Se dará más importancia a los sectores de mayores recursos y que generan utilidades, que a las necesidades de la población porque así opera el mercado; el que mas dinero tiene mas posibilidades tiene. (Así operan las leyes del mercado).
4. Habrá mayor escasez del agua para el uso domestico.
5. Los ciudadanos y ciudadanas seguiremos excluidos de la toma de decisiones, ya que los consumidores no opinan en una empresa monopolizada, solamente pagan).

Lo que demandamos enérgicamente es:
1. Que el Congreso del Estado declare el agua como bien común y un Derecho umano.
2. Incluir a los usuarios en la toma de decisiones (a través de foros, consejos, institutos)
3. Que sea función del gobierno la regulación, administración del agua y alcantarillado en el Estado.
4. Asegurar el buen funcionamiento de la JCA y S.

Campaña de difusión: volante


Carta al diputado Jaime García Chavez

Chihuahua, Chih. a 13 de abril de 2007.

Dip. Lic. Jaime García Chávez
Fracción parlamentaria PRD
P r e s e n t e.

Estimado Lic. García Chávez,

Ante la falta de información pública sobre el Proyecto de Ley de agua para el Estado de Chihuahua, el Grupo ciudadano por la defensa del agua, que venimos trabajando desde hace más de un año en el tema, consideramos una responsabilidad social la consulta e información a los ciudadanos y ciudadanas sobre la problemática y el citado Proyecto de Ley.

En virtud de que hemos dado seguimiento a las diferentes propuestas de Ley trabajadas en el seno de la Comisión de agua del Congreso del Estado, y conociendo las limitaciones, ambigüedades y riesgos de la misma, solicitamos a la fracción parlamentaria del PRD:

Apoyo económico para realizar el Foro ciudadano sobre el agua, con los siguientes objetivos:

1. Conocer y evaluar la situación del agua en el Estado de Chihuahua (disponibilidad, usos, captación y recarga de mantos freáticos, abasto, tratamiento y tecnologías alternativas.
2. Conocer las luchas y problemáticas sobre el agua en el campo y en las ciudades del estado.
3. Análisis y propuestas a la Ley de aguas del estado de Chihuahua.
4. Acuerdos.

Consideramos que para desarrollar estos objetivos será necesario un trabajo intensivo de dos día. Además creemos conveniente que el foro sea convocado a nivel estatal.

Sin otro particular nos despedimos cordialmente,

Grupo ciudadano por la defensa del agua


Martha González, Centro de Atención a la Mujer trabajadora A.C.


Eduardo Gómez Caballero, Convención Nacional Democrática.


María Teresa Guerrero, Consultoría Técnica Comunitaria A.C.


Jorge Morales Estrada, Revolución ecológica de Chihuahua A.C.

Contra de la privatización del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado en el estado de Chihuahua, México


Carta de adhesión en contra de la privatización del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado en el estado de Chihuahua.



Chihuahua, Chih. a 3 de octubre de 2006.

A:
C. José Reyes Baeza
Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua

C. Heberto Villalobos Maines
Presidente del Congreso del Estado

C. Jaime García Chávez
Fracción parlamentaria del PRD

C. Cesar Jáuregui
Fracción parlamentaria del PAN

C. Mario Tarango
Fracción parlamentaria del PRI

C. Lilia Aguilar
Fracción parlamentaria del PT

A los medios de comunicación social

A la Opinión Pública

Los ciudadanos y ciudadanas que firmamos el presente documento les manifestamos nuestra preocupación por la iniciativa de decreto de la Ley de Aguas del Estado de Chihuahua, por las siguientes consideraciones:

1.- La falta de información detallada hacia la ciudadanía sobre la necesidad de la presente Ley.

2.- La falta de un diagnóstico publico que documente las razones que han llevado al Ejecutivo a promover este proyecto de ley en el Congreso local.

La citada iniciativa de Ley de Aguas para el Estado de Chihuahua pretende: abrir paso a la privatización de los servicios públicos de agua, drenaje, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición de aguas residuales, así como, las acciones de investigación, planeación y gestión del recurso hídrico. (Arts. 21 y 87).

Con este motivo como centro de la iniciativa de Ley se modifica esencialmente el carácter que hasta ahora ha definido el agua como un recurso natural, bien público de la nación, para el beneficio de todos. La actual propuesta de Ley trata el agua como una mercancía, objeto de especulación y generador de utilidades en beneficio de las empresas privadas, nacionales e internacionales, a quienes se les adjudiquen las concesiones.

La privatización del agua está motivada por el lucro cuando ésta, igual que el aire, son elementos necesarios e inherentes a la vida en el planeta.

Por lo tanto, quienes suscribimos el presente documento consideramos inadmisible la mercantilización del agua por ser indispensable tanto para todos los seres vivos como para la supervivencia humana. Siendo así, el agua debe mantenerse bajo custodia y administración del Sector Público quien debe ser el garante de su cuidado y administración.

También estamos convencidos que es necesaria una revisión de la legislación actual para realizar una Ley estatal que incluya el agua como derecho humano y bien público, con el fin mejorar la administración y gestión integral del recurso, respetando su ciclo natural, dándole importancia a cada uno de los aspectos que lo integran desde su cosecha y conservación hasta el saneamiento y reintegración al ciclo de la misma, para asegurar la suficiencia en la recarga de los cuerpos de agua, y su disponibilidad para los diferentes usos. Asimismo es importante dar cabida a la participación ciudadana y de los diferentes sectores que integran nuestra sociedad para que intervengan en las decisiones de manera responsable, informada y justa.

La iniciativa de Ley que se propone excluye la participación ciudadana de los cuerpos colegiados que la integran y por tanto de las decisiones que sobre el recurso se pretenden tomar.

En el mundo hay diversas experiencias donde la privatización de la administración de los servicios del agua han sido deficientes y han generado amplios movimientos sociales que surgieron del rechazo a: 1) aumentos arbitrarios en las cuotas y tarifas, 2) la disminución de la calidad del agua; y 3) la inequidad en la distribución del líquido, todo esto derivado del monopolio privado del agua.

Por lo antes expuesto solicitamos:

1. Se detenga el proceso de aprobación de la Ley.
2. Se ponga ha disposición publica la información documentada sobre la administración del agua en el estado que motivó la iniciativa de privatización.
3. Se realice una consulta publica e informada para una Ley integral del agua en el estado de Chihuahua, con el fin de mejorar los servicios de agua, su calidad, su disponibilidad y la participación de los distintos sectores de la sociedad en la toma de decisiones con relación al manejo sustentable.

Sin otro particular, cordialmente.

Grupo por la defensa del agua en el estado de Chihuahua.

Los y las chihuahuenses, ciudadanos y ciudadanas, asociaciones civiles, organizaciones sociales-



PD. Esta carta esta circulando para que se adhieran a esta causa. También pueden enviar directamente la carta firmada a la secretaria particular del Gobernador del estado: secretariaparticularchihuahua@hotmail.com, Junta Central y al Congreso del Estado.

Por favor enviar acuse a Kwiraa@prodigy.net.mx
Adhesiones a la carta No a la Iniciativa del Ley del Agua en el Estado de Chihuahua.

Ing. Jorge Alfredo Morales Estrada, Revolución Ecológica A.C. Chihuahua.

Gina Uribe, Fuerza Ambiental A.C. Chihuahua.

María Teresa Guerrero , Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Chihuahua.

Diana Villalobos, Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Chihuahua.

Socorro López Franco, Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Chihuahua.

Psic. Mario Alberto Rascón Ramos, Desarrollo Sustentable de Chihuahua A.C.

Ing. Raúl Orta Gonzáles, Comité de Vecinos Pro defensa del Río Sacramento.

Alfredo Rodríguez Miranda, Comité de Vecinos del Fraccionamiento Francisco I. Madero.

Carlos Loya López, Frente de Defensa de Derechos de los Consumidores.( FEDECO ) A.C.

Eduardo Gómez, Barzón Chihuahua.

Martín Solís Bustamante, Barzón Agropecuario.

Alfredo Rodríguez Miranda, Red Ciudadana Chihuahua.

Renato Rosas, Red Ciudadana Chihuahua.

Minerva Valenzuela, Proyectos Ambientales y INGECO A.C.

Jesús Muela, Colectivo la Gota.

D. Elizabeth Turcott C., Proyectos Ambientales ING ECO, A.C.


Personas

Javier Arvizu.

Andrés Camou Guerrero.

Hugo Carrillo Domínguez.

Leticia Castillo Márquez.

Carlos Yeffim Fong R.

Carmen Tarín Béjar.

Ana Cecilia Nava.

Beatriz Azarcoya (Cd. De México).



c.c.p Organizaciones sociales nacionales e internacionales.