El agua patrimonio de todos.

Por: María Teresa Guerrero
Chihuahua, Chih. México. Marzo 12, 2007.

En 2004 el Congreso de la Unión hizo cambios sustantivos a la Ley de aguas nacionales, adaptando esa Ley federal al paradigma de la globalización que algunos consideran la panacea y la solución a los problemas de la pobreza y el deterioro ambiental; mientras que otros lo perciben como un paso más en la desregulación de recursos naturales estratégicos (agua, petróleo, bosques y selvas) para su control por grandes corporaciones nacionales y extranjeras, lo cual implica mayor dependencia con los Estados Unidos.

El año pasado el ejecutivo del estado presentó el proyecto de Ley de agua para el estado de Chihuahua, el cual ha sido criticado por numerosos ciudadanos, organizaciones sociales y expertos en el tema. Los puntos más polémicos del documento son: A) Le falta una visión ética y estratégica para tratar el recurso agua. B) La parcialidad en el tratamiento del recurso agua eliminando cualquier visión integral de su ciclo, -que abarque desde su captura y manejo, hasta su tratamiento y re-uso-. C) La figura de organismo operador del sistema de agua potable y saneamiento puede pasar a manos del sector privado a través de las concesiones para la administración y servicio de agua y alcantarillado. D) La exclusión de los usuarios de la toma de decisiones en los organismos que controlan la planeación y gestión del recurso.

La falta de una visión ética y estratégica, así como de su manejo integral –captación, conservación, y manejo del recurso hídrico incluyendo su distribución equitativa–, despoja al Proyecto de Ley de la fuerza moral y la legitimidad necesaria para ser el instrumento regulador del servicio y su administración. Como instrumento regulador, la Ley debe estar por encima de cualquier interés de grupo y al servicio de los diversos sectores que integran la sociedad.

Igual que el aire, el agua es un recurso natural con enormes cualidades y características que lo hacen un elemento excepcional y como tal es un patrimonio común lo que significa que no le pertenece a nadie en particular y es de todos en general. Además el agua es un recurso no renovable y reutilizable que tiene un proceso cíclico especifico: la lluvia que cae y se conserva en los ríos , lagos, lagunas, ojos de agua y manantiales; y mantos freáticos; su manejo, y su re-uso.

Del agua total disponible mundialmente solamente menos del 2% es apta para consumo humano. En la actualidad el recurso hídrico es cada vez más escaso y difícil de conseguir, si tomamos en cuenta que se ha ido dejando que los cuerpos de agua cercanos a las ciudades se sequen o contaminen. De igual manera, en las comunidades rurales los cuerpos de agua están bajo circunstancias similares de degradación y sobre-explotación. Cada día crece el riesgo de su desecación en regiones como la Sierra Tarahumara, donde la tala de árboles se sigue realizando sin el suficiente control para respetar las normas que prohíben la corta de árboles en las inmediaciones de los ojos de agua.

Si la escasez de agua es una amenaza, quienes más la padecen son sobre todo los más pobres, indígenas, mujeres de las zonas rurales y en las colonias periféricas de los centros urbanos. En estas circunstancias son las mujeres las que tienen que enfrentar la responsabilidad de asegurar el abastecimiento en sus hogares.

Son justamente las características del agua como un elemento vital para la vida y el ser humano; su creciente escasez; y su injusta distribución lo que hace que el agua se convierta en un bien cada día más codiciado por los grandes capitales, convirtiéndolo de esa manera en mercancía, es decir, en objeto de especulación y lucro asegurado a largo plazo.

En la actualidad quienes administran el servicio de agua potable y alcantarillado es la Junta Central de Aguas y Saneamiento (creada por el Decreto 166 el 22 de agosto de 1942). Hace un poco más de 20 años, se inició el proceso de descentralización del servicio y administración del servicio de agua y alcantarillado. El 5 de noviembre de 1980 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la transferencia de los sistemas de agua potable y alcantarillado a los estados y municipios, con la expectativa de que se pudiera abatir el rezago histórico en la distribución y acceso al vital líquido por parte de numerosos centros de población. Sin embargo, prácticamente la mencionada descentralización no fue asumida por los municipios, por lo que sigue hasta la fecha en manos de la de la Junta Central de Aguas y Saneamiento. Tampoco se ha superado el rezago histórico de agua potable para todos, ya que al iniciar el siglo XXI 11 millones de mexicanos aún carecen de agua potable según la información más actualizada.

La realidad es que para los municipios ha sido difícil asumir la administración del servicio de agua y alcantarillado debido, entre otras razones, a la falta de presupuesto, y la deficiente capacidad técnica del municipio que no permite cubrir esta expectativa. Si bien es cierto que el Art. 115 de la Constitución otorga facultades y autonomía al municipio, también es cierto, que los municipios no son cabalmente autosuficientes, autónomos y sustentables, sobre todo en un país que ha vivido por décadas bajo el imperio del centralismo. Estas debilidades abren la posibilidad de que el municipio otorgue concesiones al sector privado, lo que no es ninguna solución, sino mas bien la puerta fácil, para entregar al capital privado el manejo y la administración del servicio de agua potable y alcantarillado.

En estos tiempos los gobernantes y los empresarios son parte de la clase política los primeros facilitan a los segundos su acceso a los negocios que los primeros deberían proteger con patriotismo para el bien de la comunidad.

El caso más claro del contubernio entre funcionarios y empresarios es que a la “moderna” perspectiva neoliberal de otorgar a los ayuntamientos la competencia de concesionar a empresas privadas el servicio y administración del agua potable fue fomentada por la propia Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y las compañías trasnacionales dedicadas al manejo del agua. Ahora se replica el contubernio a nivel local donde la iniciativa del ejecutivo del Estado les abre el paso a los empresarios locales y extranjeros.

Así pues a la vieja política de descentralización, se incorporó la “moderna”de otorgar a los ayuntamientos el poder de concesionar el servicio y administración del agua potable y alcantarillado en aras a inyectar inversión privada en la gestión publica.

Entre las compañías mas conocidas en México y América del Sur están Aguas de Barcelona, Vivendi, y Suez. Sin embargo los empresarios locales a través de Luis Enrique Terrazas Seyffert, presidente de la COPARMEX (Diario de Chihuahua, el 21 de febrero 2007) se pronunció por que el Gobierno del Estado concesione al sector privado la administración del agua en esta entidad, opción que señaló deberá ser incluida en la iniciativa de Ley del Agua del Estado de Chihuahua. Esta declaración desmiente lo que el ex – diputado Jáuregui del PAN nos manifestó el tres de octubre del año pasado a un grupo de ciudadanos que nos entrevistamos con el para manifestarle nuestra preocupación por la citada iniciativa de Ley, en esa ocasión el ex-diputado fue muy contundente al afirmarnos que “los empresarios chihuahuenses no tienen interés en el sector agua”. ¿Por qué mienten los diputados?

La pinza se está cerrando y el andamio se ha levantado para abrir el camino hacia el control del agua a las empresas nacionales y extranjeras. Mientras esto sucede la población de las ciudades y el campo estamos excluidos del debate, y sumidos en la ausencia de información veraz sobre los motivos y consecuencias de esta propuesta legislativa.

Frente a estos hechos tan despreciables, El Grupo por la defensa del agua en Chihuahua decimos una y mil veces: No a la privatización del agua en el estado de Chihuahua, y en un operativo hormiga estamos recabando firmas en contra del proyecto de Ley. Los motivos que hemos expuesto al Gobernador del Estado y a los diputados del congreso local son:

• El agua es de todos (un bien común).
• El agua no tiene precio, lo que pagamos es el costo del servicio (distribución, saneamiento y drenaje) no el liquido.
• La Junta central de Agua y Saneamiento no opera con perdidas.
• Vivimos en el desierto donde la precipitación pluvial es escasa y el modelo de desarrollo vigente hace un uso muy poco sustentable del recurso hídrico.

Las consecuencias que pagaremos los ciudadanos y ciudadanas por esta privatización serán:
1. Aumento en las cuotas. (Casi de inmediato a su privatización las cuotas subieron un 46% en el estado de Coahuila.)
2. Disminución en la calidad del agua.
3. Se dará más importancia a los sectores de mayores recursos y que generan utilidades, que a las necesidades de la población porque así opera el mercado; el que mas dinero tiene mas posibilidades tiene. (Así operan las leyes del mercado).
4. Habrá mayor escasez del agua para el uso domestico.
5. Los ciudadanos y ciudadanas seguiremos excluidos de la toma de decisiones, ya que los consumidores no opinan en una empresa monopolizada, solamente pagan).

Lo que demandamos enérgicamente es:
1. Que el Congreso del Estado declare el agua como bien común y un Derecho umano.
2. Incluir a los usuarios en la toma de decisiones (a través de foros, consejos, institutos)
3. Que sea función del gobierno la regulación, administración del agua y alcantarillado en el Estado.
4. Asegurar el buen funcionamiento de la JCA y S.